OPINIÓN

La propiedad de una fortuna no es un derecho absoluto

Por Miguel Julio Rodríguez Villafañe (*)
sábado, 21 de noviembre de 2020 · 20:25

El derecho a la propiedad privada de dinero y bienes no es un derecho absoluto. Sin embargo, hubo un tiempo en el que se avanzó negativamente en el concepto, llevándolo a extremos que lo superpusieron por sobre derechos humanos naturales fundamentales, que hacen a la dignidad humana. Al punto tal, que en la “Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano”, de 1789, emitida por la Revolución Francesa, en el artículo 17, se sostuvo que dicho derecho es “sagrado”. Y como todo lo sagrado, poco a poco, se lo convirtió en un verdadero dios a rendirle culto.

          La “Declaración Universal de Derechos Humanos” (DUDH) de 1948, dejó en claro, que el derecho a la propiedad no es sagrado, pero que “toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente y nadie será privado arbitrariamente de su propiedad”, (art. 17). A su vez, la “Convención Americana sobre Derechos Humanos”, de 1969, estableció, que “toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes”, pero hizo presente, que “la ley puede subordinar tal uso y goce al interés social”, (art. 21), porque es un derecho humano relativo (ver art. 27).

          Sin embargo, se nos fue educando que la gran riqueza, por ende, la propiedad de mucho dinero y bienes que ello implica, es un objetivo básico para lograr el éxito en la vida. Se nos ha presentado al “rico” como un modelo exitoso meritorio de seguimiento y aceptación social, sin juicio crítico sobre el origen, la acumulación innecesaria de riqueza y la utilización del dinero sin límites, ni escrúpulos. Además, a la riqueza se la asocia con la posibilidad de hacer hasta lo prohibido y por supuesto, que permite evadir impuestos en paraísos fiscales, aprovecharse de los más débiles y no comprometerse con las realidades y emergencias sociales.

 

El Pato Donald y Los Simpson

          Esta última concepción ha sido defendida y enseñada de diversas formas, algunas muy sutiles. Cabe recordar, por ejemplo, la famosa historieta del Pato Donald, de la compañía Walt Disney, que contaba la historia de uno de los personajes centrales el Tío Rico que era un billonario. En la historieta esa circunstancia lo habilitaba a él, sin juicio crítico, ni cargo de conciencia y tampoco criterios de solidaridad, a hacer actos miserables a su sobrino el Pato Donald y a otros. Y se mostraba, que el máximo disfrute merecido del Tío Rico lo tenía cuando podía tirarse de un trampolín a una pileta que estaba llena de monedas. Esta historieta, desde comienzo del siglo XX, tuvo mucha influencia formativa en niños y niñas, a través de revistas y de dibujos animados. Todo lo que bien comentan Ariel Dorfman y Armand Mattelart en su trabajo “Para leer al Pato Donald”.

          La lógica se prolongó, hasta la actualidad, en la misma dirección de inducir la mirada benévola y exitosa de ricos sin escrúpulos, a partir también de dibujos animados de manera que parece inocente, tal es el caso de la serie estadounidense “Los Simpson”. En ella, el Sr. Montgomery Burns es un personaje siempre presente. Él es el hombre más rico y poderoso de Springfield y es el propietario de la Planta de Energía Nuclear donde trabaja Homero Simpson. Burns suele usar su poder y riquezas para hacer lo que le place, sin responsabilizarse de las consecuencias, aunque viole las medidas más elementales de seguridad de la planta de energía nuclear. Todos lo respetan por su dinero, no responde ante la ley y las autoridades miran para el otro lado.

 

Lewis, Vicentín y Aporte Solidario

          Así, en Argentina, por ejemplo, el empresario inglés Joseph Lewis, una de las más grandes fortunas inglesas en el exterior, dueño de tierras lindantes con el Lago Escondido, en la provincia de Río Negro, ha sido intimado, en reiteradas oportunidades, por el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, para que proceda a la apertura de caminos preexistentes a la compra de la propiedad. Más, Lewis, aún hoy, no sólo no ha cumplido las órdenes judiciales, sino que el propio ex-presidente Mauricio Macri, a principios de 2017, salió a defenderlo públicamente. Y no hubo, ni hay reacción social, ni política al respecto. Mientras se reacciona negativamente, cuando otros sectores débiles reclaman un pedazo de tierra para tener una vivienda adecuada, lo que se lo garantiza la Constitución Nacional y los pactos de derechos humanos, (ver art. 25 DUDH).

          El dato básico del colonialismo mental que se ejerce, a través de la prensa hegemónica por los grandes poderes económicos, llega al punto, que los sometidos a sus intereses terminan pensando como ellos. Es el triunfo del amo que ha logrado que el esclavo piense, sienta y quiera como él.

          Algo parecido a lo referido sucedió con el tema de la empresa Vicentín, respecto de la cual las víctimas, sin mayor análisis salieron a defenderla en contra de la posibilidad que sea expropiada por la Nación y se auto proclamaban como “Todos somos Vicentín”, más allá de las irregularidades, muchas de ellas de naturaleza penal, llevadas adelante por la empresa. La realidad demostró, que cuando el gobierno nacional desistió de avanzar en el salvataje de la empresa, los que se oponían, ahora no pueden cobrar sus acreencias, ni los trabajadores los sueldos y sufren muchas otras realidades no asumidas por la empresa y sus dueños.

          Los ejemplos antes referidos son algunos de los hechos que marcan el colonialismo de los grandes intereses en nuestras reacciones sociales y políticas.

          Lo mencionado corona ahora, con motivo del proyecto de ley de “Aporte Solidario y Extraordinario para Grandes Fortunas”, con media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación, aporte que las grandes fortunas de más de $200.000.0000 tienen que hacer, por única vez, para planes sanitarios y productivos, atento los efectos de la pandemia de Covid-19. Aproximadamente 9.000 personas tendrán que aportar, sin embargo, 115 diputados y diputadas, que representan a 44.000.000 de argentinos, se opusieron defendiendo a los intereses de “las grandes fortunas”.

          Superemos los colonialismos mentales.

(*)  Abogado constitucionalista, especialista en Derecho de la Información. Periodista de opinión

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